Mes: septiembre 2016

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CIRCULAR 12/16

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La Dirección Jurídica del IMSS emitió un criterio de interpretación de la Ley del Seguro Social que ahora permite a las madres trabajadoras disfrutar de los días de incapacidad por maternidad de una forma más ágil.

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El pasado 24 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el oficio de fecha 9 de junio de 2016, firmado por el Titular de la Dirección Jurídica del IMSS mediante el cual emite el criterio de interpretación, para efectos administrativos, del artículo 101 de la Ley del Seguro Social.

La emisión del criterio atiende a solicitud que le hicieran a la citada Dirección Jurídica, sus similares de las Direcciones de Prestaciones Económicas y Sociales y de Prestaciones Médicas, respecto a la posibilidad jurídica de:

1.-  Emitir el certificado de incapacidad temporal por maternidad, así como el pago del subsidio correspondiente, considerando la transferencia, a petición de la asegurada, de hasta 4 semanas que prevé la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo “…se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo”.

2.-   Expedir un sólo certificado de incapacidad que ampare la totalidad de los 84 días de descanso que establece la Ley para la asegurada en el Seguro de Enfermedades y Maternidad, así como su correspondiente pago de subsidio; y

3.-   Que en caso de expedido el certificado global de 84 días, fuese necesario expedir el llamado certificado de enlace (cuando el parto sucede en fecha posterior a la estimada por el IMSS), se expide tal certificado de enlace al término del disfrute del período de descanso pre y post natal que ampara el certificado global.

La respuesta formal de la Dirección Jurídica sobre lo consultado, se resume en los siguientes criterios de interpretación, para efectos administrativos, del referido numeral 101 de la Ley:

  1. – El subsidio por maternidad previsto en el artículo 101, de la Ley del Seguro Social, debe otorgarse a las madres trabajadoras en la misma forma en la que éstas disfrutan de las semanas de descanso concedidas mediante incapacidad del Instituto, por lo que si dichas semanas son transferidas del período antes del parto para después del mismo, en términos del artículo 170, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, el pago del subsidio debe seguir la misma suerte.
  2. – La incapacidad para trabajar por maternidad comprende tanto el período prenatal como el postnatal, por lo que no existiría impedimento jurídico alguno para que el certificado por incapacidad en comento se expida desde el inicio de la incapacidad y por el total de días que resulte de la suma de ambos períodos, en los términos señalados en el punto anterior, que podrá ser de hasta 84 días, de acuerdo al planteamiento descrito.

 Tercero.- En aquellos casos en los que el parto ocurra en una fecha posterior a la estimada por el Instituto, los días que medien entre estos eventos deberán sumarse a los días amparados por el certificado único de incapacidad para trabajar por maternidad, entregándose a la madre trabajadora el subsidio correspondiente por concepto de enfermedad general, de conformidad con lo previsto en el artículo 143, fracción I, del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La respuesta de la Dirección Jurídica constituyó la base sobre la cual las referidas Direcciones de Prestaciones Económicas y Sociales y de Prestaciones Médicas emitieron las normas operativas relativas, mismas que iniciaron su aplicabilidad a partir del pasado 1 de julio y de lo cual informamos en nuestra Circular CASS 10/2016 del 22 de julio próximo pasado.

Al respecto, reiteramos lo comentado en la antes referida Circular CASS 10/2016, en el sentido de la necesidad de reformar tanto la Ley del Seguro Social como el Reglamento de Prestaciones Médicas para hacerlos acordes a lo que ya dispone desde hace cuatro años la Ley Federal del Trabajo y las Normas Operativas emitidas por las antes referidas Direcciones del IMSS.

En el sitio www.cass-abogados.com/noticias.php, están a su disposición todas las circulares que hemos publicado sobre nuestra única área de especialidad: el Derecho de la Seguridad Social.

  Saludos

 Lic. Javier Patiño Rodríguez
Socio Director 

Nota: “El contenido de este documento es de carácter informativo y constituye  una  mera orientación en materia de seguro social, por lo que siempre es recomendable consultar, de manera complementaria, las disposiciones legales aplicables a los casos concretos que las empresas enfrenten.”

CIRCULAR 11/16

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LA SCJN CONCEDE AMPARO A VIUDO PARA RECIBIR PENSIÓN IMSS POR RAZONES DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

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La Segunda Sala de La Suprema Corte de Justicia de la Nación, recientemente concedió amparo al viudo de una asegurada, en contra del artículo 152 de la Ley del Seguro Social de 1973; viudo a quien el IMSS le había negado el otorgamiento de la pensión de viudez, pues el artículo dispone que:

“ La pensión le corresponderá al viudo que estuviese totalmente incapacitado y que hubiese dependido económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada  fallecida.”

En su dictamen, la Corte considera sustancialmente fundamentados los conceptos de violación que expuso el quejoso en su demanda y que, en síntesis sostienen que el referido artículo de la Ley viola los derechos de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución “… al exigirle mayores requisitos al hombre que los establecidos para la mujer para tener acceso a la pensión de viudez, …”.

 La Corte sostiene en su sentencia que el citado artículo 152 es en efecto transgresor de los derechos fundamentales de igualdad, no discriminación y seguridad social previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diferentes disposiciones en materia de Derechos Humanos, ya que:

  “a)  Impone requisitos adicionales para obtener la pensión al viudo en relación con las exigencias que prevé para las mujeres, pues demanda que exista una incapacidad total y que hubiere dependencia económica respecto a la trabajadora asegurada fallecida, lo que denota un trato discriminatorio por razón de género.

 b)     El acceso a una pensión de viudez se actualiza con la muerte del asegurado, por lo que no es viable exigir la actualización de una incapacidad total ni una situación previa de dependencia económica, pues ello se traduce en una limitante a los derechos de seguridad social.

c).   La pensión de viudez no es una prestación gratuita, sino un derecho generado durante la vida laboral de los asegurados con la finalidad de garantizar la subsistencia de quien le sobreviva (beneficiario), por lo que no es válido exigir a los viudos una situación de incapacidad total ni una dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada.”

 Destaca la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en tal diferencia de trato, “… no se advierte aspecto alguno que justifique esa distinción en otra razón que no sea, exclusivamente, la diferencia de género, …” , por lo cual tal diferencia no puede considerarse legítima, sino que se trata de una discriminación.

Es importante comentar que dicho trato diferenciado y discriminatorio se mantiene – aunque reducido – en la vigente Ley del Seguro Social, en cuyo artículo 130 se establece como condicionante para que los viudos o concubinarios de una asegurada fallecida puedan recibir la pensión de viudez, la dependencia económica de la asegurada; condicionante que no se exige a la viuda de un asegurado para acceder a la pensión y que además ha sido declarada inconstitucional por la SCJN.

Es decir, que en la Ley vigente se eliminó el requisito a los viudos de estar totalmente incapacitados, pero se mantiene la condición  de la dependencia económica, lo cual, como ya se comentó, resulta inconstitucional y, a pesar de ello, aparentemente ni el Legislativo ni el propio Instituto han propuesto reformar la Ley para corregir tal inconstitucionalidad, muy probablemente por razones de tipo financiero.

Es de hacer notar que apenas el mes de mayo pasado, la Suprema Corte encontró otro caso de inconstitucionalidad en las disposiciones de la Ley del Seguro Social, esa vez en materia del servicio de guarderías y también en aspectos de tratamiento diferenciado y discriminatorio por cuestiones de genero. (Ver Circular CASS 09/2016).

Resulta lamentable que, al igual que en los casos anteriores, se mantienen a la fecha otros artículos de la Ley del Seguro Social – tanto de la vigente como la de 1973 que se sigue aplicando para efectos de pensiones – que son ostensiblemente inconstitucionales sin que se aprecie intención alguna del Legislador para reformarlos, obligando con ello a los particulares afectados a acudir al amparo, lo que significa, en el mejor de los casos en que se concede el amparo, retrasos en la obtención de prestaciones a que tienen derecho, y en el peor, al negarse el amparo, a la imposibilidad de acceder a tales prestaciones.

 Bastan algunos ejemplos para ilustrar lo anterior:

   *  La fracción I del artículo 164 de la Ley de 1973 que otorga asignación familiar en las pensiones de Invalidez, Vejez y Cesantía en Edad Avanzada solo a la esposa o concubina del pensionado, excluyendo de tal prestación al esposo o concubinario de la  pensionada;

   * La fracción I del artículo 132 de la Ley vigente que establece que no se tendrá derecho a pensión de viudez cuando la muerte del asegurado ocurra antes de cumplir seis meses de matrimonio  y que en ese lapso no hubieran procreado hijos; y

   * La fracción III, último párrafo, del artículo 84 de la Ley vigente que le establece al esposo o concubinario de la asegurada la condicionante de depender económicamente de ella, para tener derecho a las prestaciones del Seguro de Enfermedades y Maternidad; condicionante que no existe para la esposa o concubina del asegurado.

En el sitio www.cass-abogados.com/noticias.php, están a su disposición todas las circulares que hemos publicado sobre nuestra única área de especialidad: el Derecho de la Seguridad Social.

Saludos

Lic. Javier Patiño Rodríguez
Socio Director 

Nota: “El contenido de este documento es de carácter informativo y constituye  una  mera orientación en materia de seguro social, por lo que siempre es recomendable consultar, de manera complementaria, las disposiciones legales aplicables a los casos concretos que las empresas enfrenten.”

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